El pasado 19 de junio, el Consejo Directivo de la Facultad manifestó su rechazo al convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la desocupación, transferencia y venta de los terrenos donde funciona actualmente el Complejo Penitenciario Federal de la CABA (la llamada "Cárcel de Devoto).
Desde hace más de treinta años, funciona dentro de las instalaciones del penal el Programa UBAXXII de educación superior en establecimientos penitenciarios, a través del cual se dictan seis carreras de grado, una diplomatura de pre-grado y una gran cantidad de talleres extracurriculares, junto con diversas actividades de investigación y extensión. El edificio del penal fue declarado además Sitio de Memoria, por las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos dentro de sus instalaciones durante la última dictadura cívico-militar, incluida la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, en la que fueron asesinados sesenta y cuatro presos “comunes” el 14 de marzo de 1978.
En una resolución aprobada por unanimidad, el Consejo Directivo manifestó su rechazo al convenio firmado por Nación y Ciudad, y encomendó a la Decana realizar gestiones ante las autoridades de la Universidad y el Programa UBAXXII de educación superior en establecimientos penitenciarios, para solicitar, de manera urgente, una reunión con las autoridades del Ministerio y la Jefatura de Gobierno, por el hecho, de extrema gravedad institucional, que supone la desaparición del Centro Universitario Devoto (CUD). Asimismo, adhirió al adhirió al pedido de “no innovar”, presentado por la querella de la causa por la Masacre del Pabellón Séptimo, para poder continuar con la investigación del crimen. Y elevó al Consejo Superior el texto de la resolución para que se expida en el mismo sentido sobre el tema, resguardando las actividades académicas de la UBA en el penal y el derecho a la educación superior de la personas privadas de libertad.
Por detrás de la venta de los terrenos de la cárcel hay menos una preocupación por el supuesto reclamo de los vecinos que un gran negocio inmobiliario, a costa de derechos humanos y sociales, trabajo y años de construcción de propuestas educativas, culturales y laborales, realizadas desde la Universidad, la escuela y otras instituciones, organizaciones sociales y profesionales que trabajan en el lugar.