Visto que el próximo 1° de mayo se conmemora un nuevo Día Internacional de lxs Trabajadorxs.
Considerando
Que en el corriente año esta fecha conmemorativa de las luchas obreras nos encuentra en un contexto de suma gravedad para todxs lxs trabajadorxs del país, tanto registrados como del mercado informal, ante un ataque feroz contra nuestros derechos laborales que pone en riesgo no sólo la legislación conquistada que protege nuestra integridad en el mercado laboral sino las relaciones de trabajo mismas,
Que las políticas llevadas adelante por el actual gobierno desde su asunción han generado el despido de más de 80 mil trabajadorxs registrados tanto en la Administración Pública como en el sector privado, significando la caída más importante del salario y del trabajo registrado desde el 2002, de acuerdo a la Encuesta de Índices Laborales (EIL) publicado por la Secretaría de Trabajo,
Que el gobierno fomenta el despido masivo de trabajadorxs y el desmantelamiento de instituciones y organismos públicos como Télam, INCAA, INT, Fondo Nacional de las Artes, INADI, Ministerio de Economía, Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Conicet, Agencia I+D+i, Banco Nacional Datos Genéticos, Secretaría Nacional de Discapacidad, ANSES, Sennaf, entre otros,
Que lxs trabajadorxs de estos organismos están llevando adelante medidas de protesta para exigir la reincorporación de lxs despedidxs (acampes, junta de firmas, movilizaciones),
Que este Consejo Directivo ha manifestado el rechazo a los despidos y la solidaridad con lxs trabajadores afectadxs,
Que en el Congreso Nacional se está debatiendo un paquete de leyes que incluye una Reforma Laboral, que implica pérdida de derechos laborales y mayor precarización para lxs trabajadorxs, y la derogación de la moratoria previsional, en perjuicio principalmente de las mujeres trabajadoras, a quienes la informalidad laboral afecta en mayor medida,
Que la precarización y la flexibilización laboral se manifiestan también en la aparición y proliferación de empresas de prestación de servicios por intermedio de aplicaciones móviles (por ej. Rappi, Pedidos Ya, etc.) que desconocen todo tipo de derecho laboral y de seguridad social para sus trabajadorxs, colocándolxs en situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad,
Que este proceso de pauperización se manifiesta en el aumento de los niveles de pobreza e indigencia. De acuerdo a cifras oficiales, desde enero de 2024 los niveles alcanzaron el 57,4% de población en estado de pobreza e indigencia, lo que significa casi 27 millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema, la cifra más alta desde que el observatorio social de la UCA registra la pobreza,
Que las políticas gubernamentales de endeudamiento externo, emisión de bonos y bajas tasas de interés, favorecen la especulación financiera a manos de los sectores concentrados de la economía, en detrimento de la creación y mantenimiento de fuentes de trabajo productivo, industrial, comercial y de servicios,
Que la precarización de las formas de contratación laboral implica también una mayor dificultad para la inserción de trabajadorxs calificadxs y/o profesionales, generando a su vez una mayor presión sobre las universidades para incentivar el desarrollo de carreras vinculadas a las llamadas ciencias duras o tecnológicas, en detrimento de las humanidades,
Que dicha discriminación incentiva una mentalidad utilitaria que influye no sólo en las aspiraciones profesionales de lxs ingresantes a las casas de altos estudios y lxs jóvenes que se incorporan al mercado laboral por primera vez, sino que también afecta a la producción artística y cultural como fuentes genuinas de trabajo y a toda la vida cultural de la sociedad en su conjunto,
Que las políticas de recorte presupuestario por parte del gobierno nacional han afectado el normal funcionamiento de las universidades nacionales, las cuáles quedaron en evidencia mediante la Resolución CS N° 322/24 donde se declaró la emergencia presupuestaria (respecto del presupuesto devengado de 2023) en el Consejo Superior de la UBA, ya que tuvo una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales del presupuesto de gastos de funcionamiento asignado para este año para las funciones de educación, salud, ciencia y técnica,
Que de esta manera se establecen pautas de cuidado del uso de servicios, como por ejemplo la no utilización de servicios de acondicionamiento de aire (frío-calor), con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes, disposición del apagado de iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes durante el periodo diurno, utilización de ascensores en la universidad sólo para personas con movilidad reducida, la no utilización de gas en las calderas en los distintos edificios a excepción de los hospitales universitarios,
Que este Consejo Directivo y el Consejo Superior de la UBA se manifestaron en contra del recorte presupuestario,
Que en la semana del 8 de abril hasta el fin de la misma se realizó una jornada en conjunto con las gremiales interclaustro (docentes, nodocentes y estudiantes) de nuestra Facultad donde se llevaron a cabo una serie de clases públicas donde se pudo manifestar al conjunto delos estudiantes y la comunidad en general el peligro del cierre de la Educación Pública,
Que el 23 de abril se llevó adelante una histórica y contundente Marcha Federal Universitaria convocada por los sindicatos de docentes, nodocentes y estudiantes acompañada por las centrales obreras, sindicatos y la sociedad en general,
Que peligran una serie de derechos conquistados hace muchos años como son las licencias por maternidad y paternidad, licencia por días de estudio y la discusión de la mesa paritaria lograda por medio del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo), cuyo funcionamiento viene siendo negado desde el Ministerio de Capital Humano a cambio de aumentos salariales impuestos por decreto, cuyos porcentajes resultan insuficientes ante una inflación que ya en el mes de marzo había superado el 50% y ha provocado que ya tres de las categorías del escalafón nodocente estén bajo la línea de pobreza por lo que no alcanzan para cubrir una canasta básica,
Que lxs estudiantes y egresadxs en la Facultad de Filosofía y Letras son en su gran mayoría hijxs de trabajadorxs y en muchos casos, primera generación de estudiantes universitarixs en sus familias, así como muchxs también se desempeñan como trabajadorxs universitarixs que nutren la planta docente y nodocente de esta misma casa de estudios y demás Universidades Nacionales,
Que una porción significativa de la población estudiantil debe, al mismo tiempo, trabajar para poder solventar su existencia y así cursar sus Carreras,
Que las Universidades son y deben ser un espacio para garantizar el acceso a la Educación Superior y en ese marco docentes, nodocentes y estudiantes trabajan de manera comprometida defendiendo no sólo las fuentes de trabajo, sino también el derecho de sus egresadxs de poder insertarse en un mercado laboral digno e inclusivo,
El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras declara:
Art. 1: Permanecer como trabajadorxs universitarixs en estado de alerta ante el retroceso en materia de derechos laborales frente a la votación del Proyecto de Ley Bases que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación para su tratamiento.
Art. 2: Acompañar los diferentes actos por el 1° de Mayo convocado por las centrales obreras del país y demás organizaciones políticas y sociales.
Art. 3: Dar la más amplia difusión de esta Declaración.