El Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras pone en conocimiento de la comunidad académica su postura respecto a la presentación de un Plan Nacional de Discapacidad  que no responde a las demandas reales y concretas del sector, y acerca del inicio de un proceso administrativo de recorte de pensiones no contributivas para personas con discapacidad y adultos mayores.    

  Las acciones que el gobierno está llevando a cabo refuerzan la perspectiva asistencialista y desdibujan a la persona con discapacidad como sujeto de la política pública. El monto de las pensiones apenas contribuye a que las personas con discapacidad puedan acceder  a servicios y recursos que sí están al alcance de la mayoría de las personas, tales como la educación, la salud y el transporte, con lo cual su suspensión cercenará el completo acceso a los derechos fundamentales para una vida digna.   

  Por otra parte, la discapacidad no se vive de manera uniforme y, por tanto, un diagnóstico no puede definir las barreras que encuentra una persona con discapacidad para participar activamente en la vida social y los apoyos que pueda requerir.  

  La lógica mercantilizada de las prestaciones básicas de servicios y la certificación de la discapacidad resultan, en muchos casos, una “solución patologizante” para acceder a recursos de educación, tratamientos, medicación. Pero en la medida que no se haga efectivo el derecho a una educación de calidad y los derechos laborales del sector mediante el cumplimiento de medidas de accesibilidad y de apoyo en el trabajo - así como la aplicación de la ley de cupo laboral - resulta infructuoso responsabilizar a las personas con discapacidad por no “ganarse la vida”. 

 Estos hechos de público conocimiento demuestran que una vez más el Gobierno de Cambiemos retira al Estado de donde más se lo requiere. Las políticas y procedimientos de esta naturaleza responden exclusivamente a las políticas neoliberales de concentración del capital y vulneran formas fundamentales del Estado de Derecho. Con estos hechos el Estado Nacional contradice y vulnera los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 2637, desde 2014 con jerarquía constitucional).  

   En este sentido, rechazamos de forma unánime el recorte de pensiones no contributivas para personas con discapacidad y adultos mayores y repudiamos todas las políticas que impliquen un retroceso en los derechos adquiridos y que castiguen a los sectores de la población que más necesitan el apoyo del Estado. Asimismo, acompañamos a las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad en su reclamo.     

   A su vez, exigimos una revisión estructural del Plan Nacional de Discapacidad -vacío de contenido – y de todas las políticas públicas en la materia, discriminatorias y contradictorias respecto a lo expresado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Entendemos que no es posible  disociar los derechos de las personas con discapacidad de todos los derechos humanos fundamentales que se incumplen a diario.  

   Por  todo lo relatado, adherimos y convocamos a la marcha organizada por diversas agrupaciones de personas con discapacidad a través de las redes sociales, mañana jueves 15 de junio a las 18 hs.  en el Obelisco.  Las consignas de reclamos de las organizaciones a favor de la verdadera inclusión son:  

1) No a la baja masiva de pensiones no contributivas.  

2) Cumplimiento del cupo laboral en todas las reparticiones del Estado y en empresas privatizadas de servicios públicos.    

3) Pase a planta permanente de todo empleado con discapacidad y agilización de los concursos en todas las reparticiones del Estado.   

4) Plena accesibilidad física y comunicacional en todos los edificios del Estado.    

5) Plena accesibilidad y gratuidad de todos los transportes públicos de pasajeros.    

6) No a la restricción de derechos contra mujeres y madres.   

7) Educación inclusiva para todos los niños y niñas. 

8) No a las restricciones en cobertura médica del PAMI.

9) No a la modificación de legislación que restringa derechos consagrados en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.