Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017 

  VISTO   

Los gravísimos hechos acontecidos en la zona del Lago Mascardi, Bariloche, el 25 de noviembre pasado y que implicaron una brutal represión culminada con el asesinato de Rafael Nahuel, entre otras violaciones a los Derechos Humanos, consumados por la Prefectura Nacional, la Policía Federal y otras fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la Ministra Patricia Bulrrich, y 

  CONSIDERANDO  

Que el jueves 23 de noviembre, el juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche. Una violenta represión que tuvo saldo de 4 mujeres y 5 menores de edad detenidos, incomunicados y sin posibilidades de que las familias tuvieran contacto con los menores.  Que estas prácticas represivas se inscriben en una política de permanente criminalización de la protesta social y en la estigmatización del pueblo mapuche.

Que con la participación activa de los medios de comunicación hegemónicos nacionales y regionales recrudece un mensaje que demoniza y construye “un enemigo interno” que pretende focalizarse sobre el pueblo mapuche y otros pueblos originarios.

Que la política represiva llevada a cabo por el gobierno nacional se configura en el marco de un escenario de conflictividad territorial a consecuencia de prácticas económicas cuyo principal objetivo es maximizar ganancias de las grandes corporaciones.  

Que para ello el gobierno nacional, aliado y socio de esas corporaciones, necesita desplazar a las poblaciones mapuche violando derechos constitucionales y desentendiéndose del impacto social, político, económico y cultural que genera. 

Que estos acontecimientos forman parte de una serie que tiene como antecedentes directos el encarcelamiento sin condena de Milagro Sala, la muerte de Santiago Maldonado y la existencia de presos políticos indígenas en distintas provincias (Chubut, Neuquén, Jujuy, Formosa, y otras).   

Que para los mapuche lo que aparece como una disputa por la tierra es una lucha por mantener sus medios de vida.

Que la hipótesis de “un enfrentamiento armado” no resiste un análisis serio.  

Que la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich, el ministro de Justicia Germán Garavano y la Vicepresidenta Gabriela Michetti, faltando a elementales principios de convivencia democrática han declarado que el Estado no necesita probar la existencia de ese fantasmal enemigo interior y que están resueltos a enfrentarlo a partir de la afirmación del carácter de verdad que le otorgan a los dichos de las fuerzas de seguridad Estado.

Lo acordado por este Cuerpo en su sesión del 28 de noviembre de 2017. 

  EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DECLARA 

ARTÍCULO 1º.- Repudiar enérgicamente la represión llevada contra el pueblo mapuche. 

ARTÍCULO 2º.- Solidarizarse con víctimas y familiares. 

ARTÍCULO 3º.- Exigir el juicio y condena de los responsables de la muerte de Rafael Nahuel y de sus compañeros heridos. 

ARTÍCULO 4º.- Exigir a las autoridades de los diversos poderes el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas previstos en la Constitución Nacional (art. 75º, inc. 17º), diversos convenios internacionales (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), así como otras legislaciones nacionales, provinciales y locales. 

ARTÍCULO 5º.- Repudiar las versiones interesadas en crear desde los medios hegemónicos de comunicación la idea de que los pueblos originarios que luchan por sus derechos son potenciales enemigos de la nación, haciendo uso de un lenguaje que apela a construcciones y tonos de carácter racista. 

ARTÍCULO 6º.- Solicitar la intervención de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el fin de proteger los derechos de los sujetos mencionados, en particular, y los del público en general.   

ARTÍCULO 7º.- Adherir a las marchas convocadas, no computando asistencia con el fin de facilitar la participación de la comunidad universitaria estableciendo guardias mínimas. 

ARTÍCULO 8º.- Notificar a los Ministerios del Interior, de Seguridad, de Justicia, Jefatura de Gabinete y a la  Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

ARTÍCULO 9º.- Repudiar al senador Miguel Ángel Pichetto, por sus declaraciones, y recuerda que este Consejo Directivo repudió el accionar del Gobernador de la Provincia de Formosa, Gildo Insfrán. 

ARTÍCULO 10º.-  De forma