Desde el Observatorio Universitario de la Violencia Institucional repudiamos el atentado con explosivos perpetrado en un local partidario del Frente de Todos de la ciudad de Bahía Blanca, el cual fue acompañado de volantes amenazadores, de contenido antidemocrático, homofóbico y contrario al cumplimiento de leyes de la Nación, tales como la de Educación Sexual Integral y la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Si tales hechos, de alta carga violenta en lo material y en lo simbólico, estuvieran desligados de discursos y posiciones políticas sostenidas desde diferentes estamentos del Estado, serían sin duda repudiables, pero no necesariamente catalogables como de violencia institucional. Sin embargo, y en tanto la derecha gobernante en diversas jurisdicciones del país respalda -cuando no, protagoniza- políticas de desconocimiento de la emergencia sanitaria decretada desde el ejecutivo nacional, sus máximxs dirigentes llaman a resistir las medidas de cuidado y prevención, o participan de actos violatorios de la convivencia civil como el registrado en Plaza de Mayo, el pasado 27 de febrero, cuando se mostraron bolsas de residuos simulando cadáveres con nombres propios o referentes de la actividad sindical, política y de defensa de los derechos humanos, la violencia exhibida y profesada no puede desligarse de la representación institucional del Estado, que el sistema democrático al que atacan les ha conferido.

Llamamos a no naturalizar la escalada de violencia de sectores contrarios a la ampliación y fortalecimiento de derechos y a pronunciarse firmemente por la democracia, la justicia y el respeto a la vida y la igualdad. A 45 años del golpe de estado de 1976, las señales de atropello a las formas básicas de convivencia y acción política no pueden pasar desapercibidas cualquiera sea la fuerza o sector político y social agredido.