Las medidas dispuestas por el gobierno nacional para contener el avance de la pandemia COVID-19 fundadas en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) han resultado hasta el momento relativamente eficaces según los expertos. Es evidente que el ASPO como dispositivo preventivo ha sido eficaz para aquellos sectores que tienen resueltas sus condiciones materiales de existencia y de habitabilidad a la vez que puso al descubierto el fuerte déficit habitacional que sufren vastos sectores de nuestra Ciudad. Quienes trabajamos y desarrollamos actividades de extensión universitaria en hábitats populares (villas, asentamientos, inquilinatos, hoteles-pensión, inmuebles recuperados y otros) sabemos que en esos espacios su implementación y sustentabilidad resulta por demás problemática ya que en muchos casos (como en la ex villa 31 en Retiro, la 21.24 en Barracas, la 1.11.14 en Flores, entre otras) ni la provisión de agua potable se encuentra debidamente garantizada.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) no instrumentó medidas específicas en los hábitats populares, desoyendo las recomendaciones del gobierno nacional. En las últimas semanas, el COVID-19 penetró con fuerza en dichos espacios. En forma tardía y en respuesta a una acción Judicial presentada por el Jefe de la Comuna 4 (integrada por barrios que presentan altos índices de déficit y precariedad habitacional tales como La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) el GCBA elaboró un Protocolo de Actuación para ser aplicado en los “barrios populares” de las Comuna 4 y 8 inicialmente, que luego la Justicia hizo extensivo a todas las villas y asentamientos de la Ciudad.
Ese protocolo no incluye en forma explícita ni fehaciente a la población que reside en situaciones de precariedad en inmuebles recuperados, inquilinatos u otras modalidades más o menos invisibilizadas, que suelen quedar al margen de las políticas públicas por no encuadrarse en las categorías convencionales tales como villa, asentamiento, barrio precario.
En forma reciente, la población que reside en el edificio recuperado situado en la calle Santa Cruz 140 del barrio de Parque Patricios (Comuna 4) realizó junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos una presentación judicial para ser incluida en el protocolo referido. Siendo el objetivo de este reclamo que los pobladores del inmueble puedan cumplir las medidas prescriptas por el ASPO y al mismo tiempo, continuar alimentándose y subsistiendo dignamente, cuidando su higiene e integridad y accediendo a los testeos en caso de que resulte necesario.
Gran parte de las familias que habitan en Santa Cruz 140 se encuentran cooperativizadas en el marco de la Ley 341/00 (GCBA) y todas ellas están organizadas en lo que respecta al cuidado y mantenimiento del edificio en el que residen y a la defensa de su derecho a la vivienda y a la ciudad. Se trata de aproximadamente 300 personas, entre las cuales el 40 por ciento son niños, niñas y adolescentes.
Otro tanto ocurre con otros hábitats populares de la Comuna 4 que están también elevando reclamos en esta línea.
Necesitamos hacer oír estos reclamos y difundirlos entre la comunidad científica y la ciudadanía toda. Porque la pandemia nos afecta a todxs pero la desigualdad se manifiesta con toda su crudeza en tiempos de crisis entre los ciudadanos que habitan y se ganan el sustento diario en situaciones de informalidad.