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// EXTENSIÓN EN CÁRCELES

PUBLICADO EL
13.12.2016
Acerca de la reforma del régimen de ejecución de la pena
Compartimos el informe realizado por el Programa de Extensión en Cárceles y el Observatorio de la Violencia Institucional de la Facultad.

El Programa de Extensión en Cárceles y el Observatorio de la Violencia Institucional de la Facultad manifiestan su rechazo al proyecto de reforma del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad que se encuentra en discusión en el Congreso de la Nación y su preocupación ante la falta de un debate amplio e informado sobre el tema, con la participación de las universidades y organizaciones sociales que trabajamos en contextos de encierro, que recupere la experiencia de las personas privadas de libertad y liberadas. Asimismo advierten sobre las consecuencias negativas que, de ser aprobada, tendrá esta y otras normas en materia penal sobre la situación de los derechos humanos y el incremento de los niveles de violencia e inseguridad dentro y fuera de la cárcel.

El Senado de la Nación se dispone a tratar este miércoles, sin siquiera haber pasado por comisión, un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que modifica la Ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Dicha ley regula la vida de las personas detenidas en cuanto a sus condiciones de alojamiento, el acceso a la salud, la educación y el trabajo y las diferentes fases que deben atravesar para recuperar la libertad. El proyecto en cuestión restringe las salidas transitorias y la libertad condicional, así como limita las posibilidades de incorporación al régimen de semilibertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal por la noche); establece diferencias en la progresividad de la pena según el tipo de delito institucionalizando la desigualdad ante la ley; confiere mayor poder de decisión y arbitrio al Servicio Penitenciario Federal; y burocratiza todo el proceso, lo cual, en los hechos, alargará el tiempo de permanencia de las personas tras las rejas (Exptes. 3805-D-2016 y 4829-D-2016). El mismo día en que este proyecto fue aprobado en Diputados, obtuvieron media sanción otras modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal que apuntan en el mismo sentido: restringir las excarcelaciones (Exptes. 7420-D-2016 y 3102-D-2016) y por lo tanto promover el uso abusivo de la prisión preventiva que, contra el lugar común de la “puerta giratoria”, no es tanto la excepción como la regla.

Este paquete normativo -impulsado por el bloques del PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente Renovador- viola principios y garantías constitucionales y va en contra de recomendaciones y estándares internacionales sobre el tema. Pero además repite medidas similares adoptadas en distintas jurisdicciones, como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, que no sólo han producido un incremento de las denuncias por violaciones a las derechos humanos intramuros, aumentaron los niveles de violencia e hicieron colapsar el sistema, sino que han demostrado ser absolutamente ineficientes para disminuir la tasa de delitos.

Iniciativas de este tipo merecen un debate amplio, serio e informado, que no se apoye en respuestas demagógicas frente a los reclamos de seguridad e implique un estudio exhaustivo sobre las causas del delito y la reincidencia, las condiciones sociales en que se producen y la responsabilidad estatal (de las agencias policiales, el sistema judicial y los servicios penitenciarios) en su reproducción. Nuestra experiencia y la de otras universidades, organizaciones sociales y cooperativas de trabajo de liberados/as demuestra que sólo la educación, la formación y el trabajo permiten reparar los daños producidos antes y durante el encierro, abriendo nuevos horizontes y oportunidades reales para la inclusión social. De hecho, las estadísticas muestran que la reincidencia decrece significativamente en los casos de las personas que estudian una carrera universitaria durante su detención. Eliminar la violencia institucional, garantizar los derechos humanos y permitir medios alternativos a la prisión, o bien, salidas anticipadas, con asistencia y acompañamiento del Estado y las organizaciones de la comunidad, es la única forma de lograr una progresiva integración en la sociedad. Más cárcel es más violencia e inseguridad

Distintos organismos, programas universitarios y organizaciones sociales con trabajo en cárceles, estamos convocando a manifestarnos en contra de un tratamiento apresurado de esta reforma, mañana miércoles 14 de diciembre a las 17 hs. en la Plaza de los Dos Congresos. Convocamos a la comunidad académica y la sociedad en general a acompañar el reclamo. 

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