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25.04.2020
“El silencio no es mi idioma” ~ Declaración del Programa de Extensión en Cárceles

Compartimos la declaración del Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad ante la grave situación de las cárceles frente a la pandemia. 

Somos un grupo de investigadores, docentes y activistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que, desde hace quince años, coordinamos prácticas educativas y culturales en contextos de encierro, en articulación con la población penal, otras universidades y organizaciones sociales. Conocemos de cerca no solo la problemática de las cárceles, sino a muchas de las personas que hoy están reclamando, en una situación de extrema vulnerabilidad, y algunas de las cuales son nuestros/as/es estudiantes. Les leemos, les escuchamos, producimos conocimiento y realizamos acciones colectivamente. Desde ese lugar, queremos difundir información y alertar sobre una situación que consideramos que requiere medidas urgentes por parte del Estado y comprensión de toda la sociedad, frente a quienes difunden noticias y opinan sin saber, juzgando un accionar que desconocen y calificando vidas humanas sin sensibilidad ni responsabilidad, incluso con cinismo. La pandemia y el aislamiento social decretado para prevenir la expansión del COVID-19 agravan una situación que es el acumulado de muchos años de encarcelamiento arbitrario y malas políticas de gestión penitenciaria. Sobre todo, los cuatro años del gobierno anterior, donde al abuso de la prisión preventiva se le sumaron reformas penales y penitenciarias que aumentaron las penas y redujeron la posibilidad de salidas anticipadas, incrementando la población penal de manera exponencial.

En el día de ayer, viernes 24 de abril, esa situación llegó a su punto máximo de tensión en el sistema federal hasta –literalmente– romper los techos. Como en otros penales federales y provinciales, las protestas fueron el corolario de una serie de reclamos a las autoridades penitenciarias, escritos a jueces y habeas corpus que llenan los despachos (vacíos) de Tribunales. Nadie puede sorprenderse, a un mes del inicio de la cuarentena, de que esto haya pasado.

La jornada empezó con manifestaciones pacíficas en dos módulos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la cárcel de Devoto), que rápidamente se extendieron a todo el penal y que fueron fuertemente reprimidas por personal penitenciario, como pudimos ver en las imágenes y videos tomados dentro y fuera de la cárcel. Los hechos tuvieron como resultado daños en las instalaciones y varias personas heridas que, hasta ayer a la noche, no habían recibido atención médica. La mayoría de los medios, en lugar de informar, difundir reclamos e identificar responsables, apelaron a la espectacularización, dieron muestra de insensibilidad anteel sufrimiento de las personas detenidas y sus familiares, y llamaron “motín” lo que en verdad era un reclamo legítimo de derechos.

Hacia la tarde, tras una larga mesa de diálogo –de la que participaron el Secretario de Justicia Juan Carlos Mena, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), en la cabeza de Emiliano Blanco, el secretario de política criminal Pablo Barbuto, el subprocurador penitenciario Ariel Cejas, dos delegados por planta (alrededor de 30 en total) y Andrea Casamento, por la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales– la situación se descomprimió, con el compromiso de constituir una nueva mesa a partir de hoy, a la que se sumarían autoridades judiciales, y que no haya represalias por los hechos ocurridos durante la jornada.

También hubo protestas en el Complejo Penitenciario Federal de Mujeres de Ezeiza, mientras en el Complejo Penitenciario Federal I se extendía por los pabellones una huelga de hambre en reclamo por la situación, tras la confirmación oficial de cuatro casos de coronavirus en personal del SPF. Un día antes, protestas similares en penales de la Provincia de Buenos Aires y Corrientes terminaron con dos personas muertas, que se suman a las otras nueve que fueron asesinadas en cárceles de distintas partes del país desde el inicio de la pandemia. (El virus todavía no mató a ninguna). En todos los casos, los reclamos son por el hacinamiento, la falta de productos de higiene y limpieza, las pésimas condiciones de salubridad, la deficiente atención médica, la escasez de alimentos (y la comida en mal estado), las demoras en otorgar libertades o medidas alternativas a grupos de riesgo (mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijes, personas con enfermedades previas) y, en general, la ausencia de una política de cuidado y prevención específica para las cárceles, frente a los riesgos agravados por la pandemia. Ninguna cárcel está lista para soportar una enfermedad de estas características, y el ingreso del virus podría ser una sentencia de muerte para miles de personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó medidas urgentes para reducir la sobrepoblación en las cárceles, y las cámaras de casación federal, nacional y provincial han fallado –con mayor o menor énfasis; en algunos casos, tímidamente– a favor de tomar medidas que descompriman los lugares de alojamiento, que en algunas cárceles del país suponen poblaciones que duplican las plazas disponibles. Estos fallos contemplan no solo grupos de riesgo, sino también detenides con salidas o próximos a la libertad, e incluso la revisión de prisiones preventivas para ciertos tipos de delitos. Sin embargo, por motivos ideológicos y burocráticos, las libertades llegan a cuentagotas o directamente no llegan.

Ya hemos tomado posición y hecho recomendaciones en distintos documentos firmados con otras universidades nacionales, organizaciones sociales y agrupaciones de familiares y liberades. También estamos intentando paliar los efectos de la cuarentena sobre las personas privadas de libertad y liberadas, a través del envío de alimentos y productos de limpieza e higiene a los penales, ya que no son entregados por el servicio penitenciario, y casi no entran debido a la suspensión de visitas y la dificultad de las familias para hacer depósitos; y colaborando con la situación de les estudiantes que han recuperado la libertad o están con prisión domiciliaria y restricciones de salida, que trabajan de manera informal o en cooperativas y organizaciones propias que están sufriendo la caída de la actividad económica.

En el techo de la Planta 1 colgaba ayer una bandera que decía: “COVID-19 está en Devoto. Jueces genocidas.” Y terminaba con la frase que encabeza estas líneas: “El silencio no es mi idioma”, citando la canción de Callejeros. La frase condensa algo más que el motivo de la protesta. Es la expresión de esos y otros cuerpos vulnerabilizados y violentados, sin derecho a nada, cuyas vidas parecen no importar o valer menos que otras; y que, muchas veces, desde los foros mediáticos, se llama a exterminar. Esos cuerpos llevan las marcas de una vida al borde de la muerte; viven bajo ataque permanente. Y se resisten a morir en silencio.